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El juramento decisorio, según refiere el Informe Técnico TCP/STyD/UD/005/2019, es un mecanismo para que las personas en conflicto, que mantenían diferentes versiones sobre la verdad del problema, pueda probar que lo que aseveran es cierto; para lo cual, hacían un juramento ante las autoridades originarias, como un acto de mucha responsabilidad para el jurador, por cuanto la creencia espiritual, cosmovisión y temor a los castigos de fuerzas sobrehumanas, causaba presión psicológica que terminaba por hacer desistir al mentiroso.

De esta forma, el juramento decisorio es considerado una sanción, cuyo castigo a la mentira se deja a las fuerzas naturales, sobrehumanas o a dioses y deidades de la cosmovisión del Suyu “Jakisa”.  Consiste en el acto a través del cual, las partes de un conflicto juran sobre la veracidad de los hechos que alegan, en presencia de las autoridades originarias; utilizándose como elementos de este juramento, un tejido negro, que se tiende en el piso; sal en un plato o bajo el tendido; Tata Rey “estatua de Jesucristo o de los reyes en forma de pabellón” (sic); velas; y la biblia; para posteriormente, dar tres pasos sobre el tendido de un lado a otro. Procedimiento que, con algunas variaciones –según se extrae de las entrevistas recogidas en el Informe Técnico TCP/STyD/UD/005/2019– se realiza desnudo o semidesnudo, con el cuidado que la persona juradora, no lleve consigo “ni un pan” (sic) que tenga por propósito, eludir los efectos del juramento decisorio.

Sobre esta sanción, se menciona que siempre existió en la marka Santuario de Quillakas, encontrándose vigente también en otras markas que conforman el Suyu “Jakisa”; resultando su aplicación más reciente, en la gestión 2014, en la que las partes decidieron someterse al juramento decisorio, pero al momento de dar inicio con el procedimiento, se retractaron y aceptaron su culpa en el problema, logrando así, resolverlo.

Consecuentemente, circunscriben su consulta en la duda que les genera la aplicación de la norma del juramento decisorio, sobre una eventual vulneración de los derechos de las personas involucradas que serán sometidas a su procedimiento; insistiendo en esta norma tiene por propósito que se cumpla la decisión asumida en la Resolución 001/2019.