Naturaleza jurídica de la acusación y falsa denuncia

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[vc_text_separator title=»AS Nro. 502/2010; Sucre, 20 de Octubre de 2010″]

CONSIDERANDO: Que, conforme se tiene desarrollado de lo que se entiende por el ilícito acusado y los antecedentes que informan al proceso, se establece que el Tribunal A-quem en el Auto recurrido se limitó a establecer que: «evidentemente Mario López Prada interpuso querella contra Julio Valenzuela por Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, a sabiendas de que la conducta de éste no se adecuaba a dichos delitos por cuanto los documentos donde se hubiera introducido argumentos falsos, no constituyen documentos públicos y en su caso dan lugar a la comisión de otro delito diferente, mismo que concluyó con el Auto Vista de 3-08-2000, que determinó la falta de tipicidad y materia justiciable, y por consiguiente el imputado hubiera de forma dolosa acomodado su actuar a la comisión del ilícito acusado, por cuanto dicho tipo penal no exige como elemento constitutivo la existencia de sobreseimiento ni Sentencia declarativa de inocencia como confunde el A-quo». Con ese fundamento el A-quem infringió lo establecido en el art. 166 del Código Penal, porque esta norma tipifica la conducta de aquellas personas que «a sabiendas acusan o denuncian como autor o partícipe de un delito de acción pública a una persona que no lo cometió, dando lugar a que se inicie el proceso penal (…), la doctrina y jurisprudencia nos enseña que se consuma en el momento en que se ejecutoria la resolución que declara la absolución o que existe la procedencia de una excepción de falta de acción, por comprobarse que el imputado no es autor del hecho denunciado», «Es necesario considerar que para enjuiciar al autor del delito debe sobreseerse al acusado», precepto que no aconteció en Autos, ya que al ser revocado el Auto Inicial de la Instrucción se tiene que nunca se inició el proceso en sí, y menos existe una Resolución definitiva de Sobreseimiento ni Sentencia declarativa de inocencia, doctrina que es corroborada por la jurisprudencia sentada en la GJ.1631.pag.304).

Es más, si bien es cierto que el art. 221 del Código de Procedimiento Penal de 1972, dispone que el Sobreseimiento Definitivo da lugar a la acción recriminatoria de Calumnia; no es menos evidente que no establece prohibición o limitación alguna para que, en los casos en los que se pronuncie Sobreseimiento Definitivo a favor de un imputado, éste no pueda instaurar la acción penal por otro delito como es la Acusación o Denuncia Falsa, correspondiéndole, como no podía ser de otra manera, la carga de la prueba.

A este fin, se deberá tener en cuenta los elementos constitutivos del tipo penal que caracterizan tanto al delito de «Calumnia» como al delito de «Acusación y Denuncia Falsa», así, para la consumación del primero es suficiente la imputación falsa de la comisión de un delito al sujeto pasivo, en tanto que, para la consumación del segundo, es necesario que se haya instaurado el proceso penal en contra del acusado falsamente y que se hubiese pronunciado una Resolución Absolutoria o que compruebe que el imputado no es autor del hecho denunciado, aspectos que no han sido adecuadamente demostrados en el caso que se analiza, pues, el ahora querellante no fue sobreseído, ni fue declarado inocente en Sentencia, sino que la denuncia se archivó por falta de materia justiciable al existir duda sobre la legalidad de la revocación de mandato Nº 169/99, que no hace presumir, la inexistencia de elementos de convicción sobre la probable participación del querellante en la comisión de los delitos denunciados, criterios éstos que fueron adecuadamente manifestados por el Juez de primera instancia.

En consecuencia, los fundamentos del Auto de Vista evidentemente violan el artículo 166 del Código Penal y los artículos 48 y 121 del Código de Procedimiento Penal, al no considerar que Mario Antonio López Prada, creyéndose víctima de un hecho ilícito, se querelló y sugirió una calificación provisional del hecho a un delito, y no hizo la calificación legal como quiere entender el A-quem, ya que es la autoridad judicial la única facultada para subsumir los hechos y hacer la calificación legal a uno de los tipos penales inmersos en el Código Punitivo, a través de la emisión del Auto Inicial de la Instrucción y el Auto de Procesamiento, conforme mandan los artículos 129.3), 222.4) del referido Código Adjetivo Penal de 1972.

Por lo expuesto precedentemente, se arriba a la conclusión de que en el Auto de Vista al anular la Sentencia y en su lugar condenar al recurrente por el delito tipificado en el art. 166 del Código Penal, interpretó y aplicó erróneamente los preceptos de la referida norma sustantiva, así como lo dispuesto en el art. 243 del Código de Procedimiento Penal, al no valora toda la prueba existente dentro de los límites que señala el art. 135 con relación al art. 133 del referido Código Adjetivo Penal, llegándose incluso a formar en el A-quem una convicción de confusión con el tipo penal de la Calumnia, y sin tomar en cuenta el principio del in dubio pro reo en favor del imputado y se deciden por condenarle injustamente; por consiguiente, se ha incurrido en las causales de casación previstas en los incisos 1) y 3) del art. 298 del Código Procedimiento Penal, por cuanto han hecho una errónea calificación de los hechos al tipo penal acusado, correspondiendo en consecuencia aplicar el inciso 3) del art. 307 del Código Procedimiento Penal.

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