SCP Nro. 216/2015-S2 | Sucre, 25 de febrero de 2015

La Constitución Política del Estado, en su nuevo modelo de Estado reconoce el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico sustentado en nuevos principios y valores supremos, y su nuevo enfoque garantista con un amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales y acciones de defensa que protege las mismas, así también, conforme a esa configuración tiene una interpretación preferente sobre cualquier norma del ordenamiento jurídico vigente (art. 410.II de la CPE) debiendo analizarse una norma o ley de acuerdo a ella, en base a los principios y métodos de
interpretación constitucionales.

Conforme a ese enfoque el art. 9.1 de la CPE referente a los fines y funciones esenciales del Estado señala: “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales”.

Lo que quiere decir que en el marco de construcción de ese tipo de sociedad la Ley Fundamental ha previsto en todos los ámbitos la igualdad de todos los bolivianos que componen la misma, constituyendo uno de ellos, el relacionado a la paridad de los efectos tanto del matrimonio como de la unión conyugal libre o de hecho.

Es así que el art. 63 de la CPE, prescribe lo siguiente: “I. El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges.  II. Las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquéllas”.

En ese entendido, resulta necesario tener presente que la unión conyugal libre o de hecho es reconocida tradicionalmente por la sociedad boliviana como “convivencia”, constituyendo su existencia en una realidad latente e innegable, razón por la cual fue recogida por el legislador constituyente, para que pueda plasmarse de manera formal en el texto constitucional, que como se sabe, refleja el contexto social, económico y político de un país.

No obstante ese reconocimiento constitucional, por el carácter nuevo que tiene la Norma Suprema, en base a su aplicación progresiva, se han estado promulgando leyes que la desarrollan, como en el presente caso acoplable a través de la promulgación del nuevo Código de las Familias -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- que señala: Art. 137 (NATURALEZA Y CONDICIONES) “I. El matrimonio y la unión libre son instituciones que dan lugar al vínculo conyugal o de convivencia, orientado a establecer un proyecto de vida en común, siempre que reúnan las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado y el presente Código, conllevan iguales efectos jurídicos, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges y convivientes, como respecto a las y los
hijos adoptados o nacidos de aquellos. II. Las uniones libres deben reunir las condiciones de estabilidad y singularidad.  III. En el matrimonio y la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción”.

En consonancia con lo señalado precedentemente se infiere que tanto la Constitución Política del Estado, como el nuevo Código de las Familias, determinan que los efectos del matrimonio civil y de la unión libre conyugal o de hecho son los mismos, no existiendo ningún tipo de discriminación al respecto, respondiendo el mencionado Código al espíritu de la Norma Suprema.

El derecho de usar el apellido del otro cónyuge como efecto del matrimonio o de la unión libre conyugal o de hecho

Como ya lo determinó el nuevo Código de las Familias, tanto en el matrimonio civil como en la unión libre se reconoce el término cónyuge sin distinción.

Ahora bien, dentro de los efectos del matrimonio y la unión libre señalados en el cuerpo normativo citado, se hallan los derechos de los cónyuges: Art. 174 (DERECHOS COMUNES). Los cónyuges tienen los siguientes derechos: a) Al respeto mutuo de su integridad física, psíquica, sexual y emocional. b) A decidir libremente y de acuerdo mutuo, sobre tener o no
tener hijas e hijos, cuántos y cuándo tenerlas o tenerlos y el espaciamiento entre los nacimientos. c) A decidir y resolver de común acuerdo, todo lo concerniente a la convivencia y la administración del hogar, sin interferencia de terceras personas.

Conforme a los derechos específicamente enunciados, no está el de llevar el apellido del otro cónyuge; sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo intérprete  de la Norma Suprema, no puede alegar un aparente vacío normativo o una imprevisión en la normativa legal que debe ser aplicada en la resolución de un caso concreto, de esa forma en base a la interpretación creativa, se puede referir que según la Ley Fundamental, siendo que los efectos del matrimonio y de la unión libre o de hecho son los mismos, constituye uno de ellos el derecho a usar el apellido del otro cónyuge; en ese orden si bien el art. 11 del Código Civil (CC) (APELLIDO DE LA MUJER CASADA) refiere: “I. La mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo agregar el de su marido, precedido el de la proposición “de” como distintivo de su estado civil, y seguir usándolo aún en
estado de viudez. II. En los títulos profesionales usará su apellido propio. III. La mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido, salvo convenio entre partes, o, a falta de él, con autorización del juez, en mérito al prestigio ya logrado con ese apellido en la actividad profesional artística o literaria”.

Norma que tendría alcance únicamente a los cónyuges dentro del matrimonio, empero, en base al análisis efectuado y haciendo uso de la interpretación extensiva, ese derecho alcanza también a los cónyuges de la unión libre conyugal o de hecho.

Ahora bien tomando en cuenta que viudez es el estado de viuda o viudo, de la persona a quien se le ha muerto su cónyuge primero o ulterior y no ha vuelto a casarse, la persona que haya mantenido matrimonio civil o unión libre conyugal o de hecho estable con el fallecido, tiene derecho a utilizar el apellido de éste o a mantenerlo si se hizo uso de él cuando todavía vivía su cónyuge, no pudiendo ser concebible ningún tipo de distinción al respecto, por cuanto la Constitución Política del Estado como Norma Suprema de todo el ordenamiento jurídico vigente, ya determinó con claridad que los efectos del matrimonio civil y de la unión libre conyugal o de hecho son los mismos.

Consiguientemente, en base al análisis efectuado se puede concluir que el derecho a emplear el apellido del cónyuge y de mantenerlo en caso de su fallecimiento, es tanto para las personas que hayan contraído matrimonio civil, como para aquellas que mantengan o hubieren mantenido una unión libre conyugal o de hecho, debiendo acreditar las últimas,
para el goce de dicho derecho, simplemente la estabilidad de dicha unión.