SCP Nro. 288/2018-S4 │ Sucre, 18 de junio de 2018

El derecho de familia, valga la redundancia tiene su génesis en la misma familia que es considerada como el núcleo de la sociedad, esto por la importancia que tiene como unidad funcional del Estado, en virtud a que a partir de la interrelación de las personas y el transcurso histórico de la sociedad, se desarrollaron nuevas formas de relaciones sociales, que se encuentran reconocidas en los arts. 62 a 65 de la CPE, preceptos constitucionales por los que, el Estado reconoce los derechos de las familias, adecuando las estructuras familiares al paradigma del vivir bienque enarbola la máxima norma del ordenamiento jurídico boliviano como fin superior; es así que el art. 62 de la Norma Suprema, establece que: “El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizara las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades”, en este entendido, se la considera como la base fundamental de la sociedad y por ende del Estado, generando en éste la obligación de protegerla, procurando su armonía, integración, bienestar, desarrollo social, cultural y económico.

Es así, que virtud a la necesidad de proteger estas relaciones familiares y hacer efectiva la protección de los derechos de las familias, se dictó una norma autónoma, como el Código de las Familias y del Proceso Familiar, en base a las siguientes premisas, que conforme señaló el Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia en la presentación de la mencionada ley, tiene que ver con: a) La adecuación normativa al contexto histórico y social; b) El desafío de superar la retardación de justicia; y, c) La discrecionalidad y liberalidad de las decisiones de la práctica jurídica. Criterios a partir de los que se promulgó la Ley 603, que en su estructura contiene una parte sustantiva y otra adjetiva, reconociendo los derechos y las nuevas relaciones o estructuras familiares y por ende, nuevas estructuras procesales; desarrollando tres procedimientos propios de esta materia, en los que se considera el grado de contención y la naturaleza de los derechos y bienes jurídicos familiares que deben protegerse de manera oportuna y efectiva en el proceso familiar por parte de las autoridades jurisdiccionales.

En este marco, en cuanto a la definición del “proceso” se puede citar a Lino Enrique Palacio que en su Tratado sobre Derecho Procesal Civil – tomo I, señaló: “…la doctrina define al proceso como el conjunto de actos que tienen por objeto la decisión de un conflicto o de un litigio…”, criterio que  aplicado al proceso familiar, entiende a éste, como el conjunto de actos que tiene por objeto la resolución de los conflictos que se originen en las relaciones familiares, para hacer efectivos los derechos y deberes regulados en la parte sustantiva del Código de Familias y el Proceso Familiar, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales.  Ahora bien, la legislación procesal familiar en su estructura reconoce tres tipos de procesos que conforme ya se manifestó, son clasificados en relación a el grado de contención y la naturaleza de los derechos y bienes jurídicos familiares que deben protegerse de manera oportuna y efectiva por parte de las autoridades jurisdiccionales; estos procesos son: 1) Los ordinarios previstos en el art. 421 y ss. del Código de las Familias y del Proceso Familiar, en los que se sustancian las acciones de: nulidad de matrimonio o de unión libre, nulidad de acuerdos en la vía voluntaria notarial, división y partición de bienes gananciales cuando no se lo tramite en ejecución de proceso de divorcio, determinación de bienes propios cuando exista desacuerdo sobre su calidad, y los procesos innominados conforme determina el art. 420.II del mismo cuerpo normativo; 2) Los extraordinarios previstos por el art. 434 y ss. del mencionado código, entre los que se sustanciarán las acciones de: divorcio, declaración judicial de filiación, impugnación de filiación, negación de maternidad o paternidad, comprobación de matrimonio o de unión libre cuando esta última no esté registrada, oposición al matrimonio, declaración de interdicción, cesación de interdicción, suspensión, extinción o restitución de la autoridad de la madre o del padre en casos emergentes de desvinculación conyugal y asistencia familiar; y, 3) Los de ejecución inmediata regulado a partir del art. 445 y ss., del Código de las Familias y de Procedimiento Familiar entre los que se tramitarán las acciones de: emancipación por desacuerdo, constitución de patrimonio familiar, autorización judicial para la administración de bienes, desacuerdo de los padres, voluntarios, cumplimiento de acuerdos y asistencia familiar cuando exista acuerdo.

La estructuración de este sistema de procesos obedece precisamente a los criterios que originaron la elaboración del Código de las Familias y de Procedimiento Familiar, realizando una clasificación de los procesos altamente contenciosos como los ordinarios que por las características que generan ese tipo de conflictos, requieren de un plazo de sustanciación mayor, razón por la que incluso llegan hasta a etapa de casación; por otra parte, los procesos extraordinarios hacen referencia a los casos en que por su naturaleza y los derechos que protegen, requieren un trámite de menor contención y de protección rápida, así por ejemplo, se puede señalar que los procesos de desvinculación conyugal, al ser concebidos por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, como un instituto del derecho familiar incausado, es decir, que no tiene causa, más que el requisito de que uno de los cónyuges considere que el proyecto de vida en común se rompió sin mayor argumentación probatoria, merecen un trámite de menor complejidad que el ordinario, así también se puede citar como ejemplo, los casos en que el conflicto se genere por temas de la filiación o la asistencia familiar, que por ser derechos indisponibles y de protección inmediata merecen un trámite más ágil y oportuno como el extraordinario, que no genere o dilate la solución a la controversia, son aspectos que producen la constitución de un proceso extraordinario que resulta menos contencioso y de trámite corto y sencillo; siguiendo con esta línea, pero con un trámite aún más corto, se estructuraron los procesos de resolución inmediata, que por sus características, en la mayoría de los casos obedecen a acciones voluntarias en materia familiar en los que generalmente se busca un acuerdo en beneficio de la institución familiar que no merecen mayor contención que la decisión del Juez.

Ahora bien, por las características mencionadas, se tiene que el sistema del proceso familiar, al estructurar estos tres tipos de procesos, pretendió asegurar la resolución efectiva de los conflictos en materia familiar buscando la solución rápida, oportuna y sin dilaciones, para que en consecuencia, los procesos en materia familiar no se complejicen y se hagan altamente contenciosos como sucedía antes por lo especial de las relaciones familiares, razón por las que tiene que comprenderse que cada vía procesal debe ser respetada en la adecuación y planteamiento de la pretensión; sin embargo, es preciso aclarar que el caso de planteamiento de pretensiones acumuladas de carácter extraordinario y ordinario en determinada vía procesal, no implica un tema de incompetencia de la autoridad jurisdiccional que permita la observación de dicho error en la tramitación de la vía procesal y la consiguiente solicitud de nulidad procesal, en cualquier momento del proceso; pues en dicho caso, se tiene que si la parte demandada fue debidamente citada o notificada con una pretensión que fue planteada para ser tramitada en una vía procesal que no es la que corresponde, pero ante un juez competente (como en el caso de las tres vías procesales, lo es el Juez Público de Familia), no observa esta situación y asume defensa postulando su posición respecto a esa pretensión demandada, convalida el trámite o la sustanciación de la causa; no siendo correcto pedir posteriormente la nulidad del proceso por ese aspecto, ya que el mismo Código de las Familia y del Proceso Familiar en los arts. 248 a 251, considera la nulidad procesal como una decisión de última opción, reconociendo un régimen compuesto por los principios que rigen a las nulidades procesales, como el de especificidad o Legalidad (art. 248.II del Código de las Familias y del Proceso Familiar), el de trascendencia y finalidad del acto procesal (arts. 248.I y 249.I del mencionado cuerpo legal), y el de convalidación previsto en el art. 249.II del mencionado cuerpo normativo que dispone: “No podrá declararse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. Constituye confirmación tácita el no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil”, es decir, que las partes en el proceso pueden convalidar el acto viciado, ya que de no hacer uso de su derecho a deducir la nulidad oportunamente en su primera actuación, dota al acto viciado que cumplió su finalidad, de plena eficacia jurídica, principio que en materia constitucional es conocido como los actos consentidos que implican una causal de improcedencia de la acción de amparo constitucional, desarrollado en el punto precedente de los fundamentos jurídicos del presente fallo.

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