Auto Supremo: 242/2013 │ Sucre: 16 de mayo 2013

El recurrente indica también que se habría incurrido en errónea interpretación del art. 285 del Código Niño, Niña y Adolescente, ya que dicha norma legal no establece que la excepción o incidente pueda ser planteado durante el inicio de la demanda o audiencia preparatoria del juicio y según su criterio únicamente podría ser interpuesta durante la audiencia del juicio oral y que al no haber sido interpuesta en esa oportunidad, la excepción resultaría extemporánea.

La indicada norma legal de referencia no es lo suficientemente explícita respecto al momento procesal en la que deben interponerse las excepciones o incidentes, sobre todo la excepción de incompetencia, sin embargo partiendo del contexto normativo de la Ley 2026 que se constituye en la Ley especial aplicable al presente caso con preferencia a las demás leyes, sus preceptos legales deben ser interpretados velando por el interés superior del niño, niña y adolescente, de tal modo que las determinaciones asumidas por las autoridades no vayan a afectar los derechos del menor, cuidando sobre todo el aspecto psicológico, moral, afectivo, social, etc., así lo determinan de manera expresa en sus arts. 1, 3 y 6 de la referida Ley especial.

En ese entendido, el art. 285 in fine de la Ley 2026 permite que las excepciones puedan interponerse incluso hasta el momento de la audiencia del juicio oral, entendiendo que la norma se refiere a toda clase de excepciones, sin embargo nada impide que dichas excepciones puedan también ser interpuestas durante el tiempo procesal anterior al juicio oral, es decir a partir de la citación con la demanda hasta la audiencia del juicio oral, ya que la indicada Ley 2026 no establece ninguna prohibición al respecto; en tanto que las disposiciones del Código Procedimiento Civil se aplican únicamente como norma supletoria en los casos no legislados por el Código del Niño, Niña y Adolescente.

Respecto a la competencia territorial de las autoridades judiciales, el art. 13 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de manera excepcional establece la posibilidad de ser ampliada por consentimiento expreso o tácito de las partes, sin embargo esa situación no sería aplicable cuando la competencia territorial se encuentra prevista en las leyes especiales conforme se desprende de la última parte de la citada norma legal, aspecto que precisamente ocurre en el caso presente, ya que el art. 50 de la Ley 2026 Código del Niño, Niña y Adolescente establece con total claridad que la guarda será tramitada ante el Juez de la Niñez y Adolescencia en cuya jurisdicción se encuentra el niño, niña o adolescente, disposición concordante con el art. 267 nun. 1 y 2) del mismo cuerpo legal que establece como elemento para determinar la competencia territorial el lugar del domicilio de los padres o responsables y a falta de estos, por el de la residencia donde se encuentra el niño, niña o adolescente, sin establecer ninguna posibilidad de prórroga por consentimiento expreso o tácito de las partes, entendiendo por domicilio de los padres, cuando éstos viven en el mismo lugar y no dispersados en otro Departamento como ocurre en el caso presente; de la misma manera el art. 27 del Código Civil considera como domicilio del menor, el de la persona que se encuentra a cargo de su cuidado, en el caso presente la niña se encontraba bajo el cuidado y bajo responsabilidad de la tía materna en Quillacollo-Cochabamba; normas legales de las cuales se infiere que para efectos de determinar la competencia territorial del Juez de la Niñez y Adolescencia, prevalece el domicilio del menor, toda vez que el interés superior del niño se impone frente a los intereses particulares de los padres.