SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0005/2020-S4 Sucre, 14 de enero de 2020

Desarrollo histórico de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias – Reformas Constitucionales

En nuestro país la Primera Constitución Boliviana, denominada también Vitalicia, tuvo, una vigencia real de casi dos años; hasta el motín de 18 de abril de 1828, aunque formalmente, duró hasta que fue sustituida en 1831; estableciendo figuras como la a inmunidad, la inviolabilidad y el fuero parlamentario, siendo la inmunidad amplia y sólo tiene una excepción en caso de que el representante sea encontrado in fraganti en la comisión de un
delito que merezca la pena capital. Asimismo, la inviolabilidad en la emisión de sus opiniones, dentro de las Cámaras, en el ejercicio de sus funciones, es muy amplia y, con mejoras y precisiones, ha sido mantenida hasta nuestros tiempos.

A su vez, la Reforma constitucional de 1831, mantiene la inviolabilidad en la emisión de las opiniones de los miembros del Congreso, mientras duren sus funciones; de igual modo, se mantiene la inmunidad parlamentaria sin variación alguna.

Asimismo, respecto a la Reforma constitucional de 1834, se tiene que en la misma, ambas figuras, inviolabilidad e inmunidad se mantienen prácticamente con el mismo texto que la anterior Constitución.

En relación a la Reforma Constitucional de 1839, se tiene que, en cuanto a la inmunidad parlamentaria, que era genérica en el anterior texto, ésta es redactada con mayor precisión, estableciendo que ningún diputado (no menciona al senador aunque se asume que también la decisión es válida para ellos) podrá ser preso ni perseguido por causa criminal. Durante el receso parlamentario se suspende la inmunidad otorgada y su vigencia tiene una temporalidad limitada. En cuanto a la materia, ésta se extiende también a materia civil y el plazo hasta de treinta, después de cerradas las Cámaras11; por otra parte en la Reforma Constitucional de 1843 se mantiene la inviolabilidad e inmunidad descritas en la anterior Constitución aunque ya no refiere su extensión a materia civil.

Por su parte la Reforma Constitucional de 1851, incorpora por primera vez, los principios de separación e independencia de los poderes del Estado, calificándola como la primera y esencial condición del gobierno; asimismo, sostiene la inviolabilidad de los parlamentarios por las opiniones y votos que se realicen en el ejercicio de funciones y la imposibilidad de apremio corporal en causa civil durante las sesiones y treinta días antes y después de ellas, ni ser perseguidos penalmente excepto el caso de delito in fraganti.

En la Reforma Constitucional de 1861, el entonces Poder Legislativo sufre una reforma en su composición al conformarse una sola Asamblea compuesta por diputados y accesoriamente un Consejo de Estado y para el caso de otorgamiento de licencia para juzgamiento, en caso de no estar la Asamblea reunida, la licencia la otorgará el Consejo de Estado, siendo los diputados inviolables por sus opiniones en el ejercicio de sus funciones y
por ninguna causa podrán ser presos ni juzgados en el fuero común sin previa licencia, salvo delinto in fraganti a condición de que se obtenga licencia en el plazo de veinticuatro horas.

A su vez la Reforma Constitucional de 1868 establece una variación respecto a la inviolabilidad del representante nacional, señalando que mientras las cámaras no estén reunidas, el diputado sorprendido en delito in fraganti será arrestado en su propia casa15; por su parte la Reforma Constitucional de 1871 al igual que en la Reforma de 1861, refiere que el Poder Legislativo está integrado por una Asamblea y, accesoriamente, por un Consejo de Estado; y respecto al caso de delito in fraganti, establece la posibilidad de aprehender a un parlamentario a condición de obtenerse la licencia legislativa dentro de veinticuatro horas, caso contrario lo hará el Consejo de Estado en el mismo término.

La Reforma Constitucional de 1878, repone las Cámaras de Diputados y Senadores en el Poder Legislativo, y prevé que los diputados y senadores son inviolables, en todo tiempo respecto a sus opiniones, y la imposibilidad de ser perseguidos, acusados o arrestados, salvo delito in fraganti y no pueden ser demandados en materia civil 17; por su parte la Reforma Constitucional de 1880, consolida el sistema bicameral, ratificando la inviolabilidad por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones y manteniendo la inmunidad parlamentaria en materia penal y civil, a condición de que sea dentro de los sesenta días antes de la reunión de Congreso y no exista previa licencia de la Cámara a la que pertenecen.

La Reforma Constitucional de 30 de octubre de 1938, se produjo bajo los efectos dolorosos de la concluida Guerra del Chaco, en la que la Convención Nacional, convocada para el efecto, realizó varias modificaciones de importancia, manteniendo el Poder Legislativo su estructura bicameral, manteniendo las prerrogativas y las prohibiciones, al igual que la inmunidad, en el sentido más amplio, pues un parlamentario desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, no puede ser acusado, perseguido o arrestado en ninguna materia, si la Cámara a la que pertenece no le da licencia, y son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones

La Reforma Constitucional de 23 de noviembre de 1945, no realiza modificación respecto a la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias contenidas en la anterior Constitución, en el mismo sentido ocurre, respecto a la Reforma de 26 de noviembre de 194720; asimismo, la Reforma Constitucional de 1961, producida no inmediatamente después de la victoria de la Revolución de 1952, sino después de 9 años de transcurrida, constitucionalizó varios de sus postulados, y respecto al Poder Legislativo estableció que reside en el Congreso Nacional y está compuesto por dos Cámaras, la de Diputados y la de Senadores; sin que existan mayores variaciones con relación a sus prerrogativas, prohibiciones, requisitos y atribuciones, estableciendo que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las demás autoridades creadas por ley”21, en el mismo sentido se mantiene respecto a las prerrogativas la Reforma Constitucional de 2 de febrero de 1967.

Asimismo, la Reforma Constitucional de 1995, respecto a la función fiscalizadora de los parlamentarios, se le otorgan facultades para pedir informes verbales o escritos, con fines legislativos, de inspección o investigativos al Poder Ejecutivo, así como la facultad de interpelar a los Ministros de Estado, individual o colectivamente, por mayoría absoluta de votos, implicando la censura la renuncia de los ministros censurados, renuncia que podrá ser aceptada o rechazada por el Presidente de la República, manteniendo las prerrogativas señaladas en el texto de la reforma anterior.

La Reforma Constitucional de 2004, establecida por Ley 2631 de 20 de febrero de 2004, mantiene la redacción del art. 51 de la Constitución Política del Estado, que establece la inviolabilidad de los senadores y diputados en todo tiempo por las opiniones que emitan durante el ejercicio de sus funciones;, estableciendo así una inviolabilidad personal, entendida como la libertad de expresión y de voto que poseen los parlamentarios, buscando que el parlamentario no se encuentre cohibido en el ejercicio de su mandato; asimismo, respecto al art. 52 de la Constitución Política del Estado, se reforma el mismo, señalando que ningún diputado o senador a partir del día de su elección hasta la finalización de su mandato, podrá ser acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin la previa autorización de la entonces Corte Suprema de Justicia, a requerimiento del entonces Fiscal General de la República y por dos tercios de votos de los magistrados, salvo el caso de delito flagrante; dicho precepto constitucional, normaba el principio de inmunidad de los parlamentarios, abarcando la protección solo contra el procesamiento penal, sin abarcar otras materias como la familiar o la civil, como lo hacía el precepto constitucional reformado.

Del análisis de las anteriores Constituciones Políticas del Estado y sus distintas Reformas Constitucionales se tiene que en la historia del constitucionalismo boliviano, se han contemplado las figuras de la inviolabilidad como la inmunidad parlamentarias, cada una de las reformas ha ido modificando los alcances de los señalados institutos jurídico incluso no solo para materia penal, sino para otras materias entre ellas la civil y la familiar; siendo coincidentes la gran parte de las Reformas Constitucionales en abarcar tanto la inviolabilidad como la inmunidad; siendo que ambas son diferentes en su alcance y en su objeto de protección.

Alcances y contexto de la inviolabilidad e inmunidad

El actual diseño constitucional del Estado Plurinacional, mantiene el principio de separación de funciones, estableciendo en su art. 12 de la Constitución Política del Estado (CPE), la
organización del Estado en cuatro Órganos, al señalar que: “I. El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos; II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado; III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”, en concordancia con el señalado precepto constitucional, también se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional al señalar en la SC 0009/2004 de 28 de enero que: “Siguiendo la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha señalado que ‘el Estado Democrático de Derecho está organizado sobre la base de los principios fundamentales, entre otros, de la separación de funciones conocida también como el principio de división de poderes, lo que implica la distribución de las competencias y potestades entre diversos órganos estatales para el ejercicio del poder público, de manera tal que esa distribución se constituya en una limitación para cada órgano de poder el que sólo podrá ejercer las potestades que forman parte de su competencia’. En el marco del principio fundamental referido, que está consagrado en la norma prevista por el art. 2 de la Constitución, el Constituyente ha efectuado la distribución de funciones y competencias; así la potestad legislativa, de control y fiscalización la tiene el Poder Legislativo; la función ejecutiva, administrativa y reglamentaria la ejerce el Poder Ejecutivo y el ejercicio de la potestad jurisdiccional la tiene el Poder Judicial.

Conforme enseña la doctrina del Derecho Constitucional, la concepción dogmática de la ‘división de poderes’, ha sido superada en el constitucionalismo contemporáneo con la adopción del concepto de la separación de funciones que se sustenta en los siguientes principios: 1) la independencia de los órganos de poder del Estado; 2) la coordinación e interrelación de funciones entre los órganos; y 3) el equilibrio entre los órganos que se establece a partir de frenos y contrapesos, ello implica que los diversos órganos de poder del Estado no desarrollan única y exclusivamente sus función esencial, también participan en el desempeño de las funciones y labores de los otros órganos, en el marco de las atribuciones y competencias conferidas por el Constituyente, así el Legislativo participa en las labores del Ejecutivo aprobando el presupuesto general de la nación, o ratificando los tratados internacionales, entre otros; de su parte el Ejecutivo participa en las labores del Legislativo a través de los mecanismos previstos en la Constitución, tales como la iniciativa legislativa, la promulgación de la Ley, entre otras actividades” (El resaltado nos corresponde).

Es en atención a la separación de los señalados órganos y el equilibrio de los mismos, en un sistema democrático, que la doctrina ha establecido los fueros parlamentarios, como un contrapeso que permita garantizar el libre ejercicio de sus funciones e impida la existencia de riesgos potenciales de persecución generada por los adversarios políticos a través del sistema de justicia, orientado principalmente a la libertad de expresión en relación a las deliberaciones en el ejercicio de sus funciones y a la imposibilidad de persecución y que las opiniones de los parlamentarios no se configuren como delitos.

En ese contexto, corresponde también señalar que la doctrina señala principalmente dos tipos de garantías parlamentarias, la inviolabilidad y la inmunidad, siendo ambas diferentes respecto a sus alcances y objeto, es así que respecto a la inviolabilidad, el jurista William Herrera Añez, hace referencia a la misma señalando que constituye una prerrogativa que tiene el parlamentario que lo protege de sus actos, sus votos y opiniones en el ejercicio del cargo así como en sus intervenciones públicas, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones y cualquier acto de legislación, información o fiscalización por lo que no pueden ser procesados penalmente, constituyendo inviolabilidad personal durante el tiempo que dure su mandadito y posteriormente.

Mientras que respecto a la inmunidad, el tratadista Karl Lowestein señalaba que esta consiste en: “La eliminación de la posibilidad de una presión gubernamental sobre los miembros del parlamento durante el ejercicio de su mandato.”

En tal estado del análisis corresponde establecer los alcances de la inviolabilidad e inmunidad parlamentarias; en ese sentido, de la jurisprudencia sentada tanto por la jurisdicción ordinaria, como por la jurisprudencia constitucional se advierte que se diferenciaron dichos institutos jurídicos.

Es así que se debe recordar que la jurisprudencia constitucional incluso con anterioridad a la actual Constitución Política del Estado, ha señalado los alcances de los fueros y privilegios, es así que, en relación a la inviolabilidad personal, señaló que todo privilegio o fuero debe estar constitucionalmente establecido en la Ley Fundamental, en ese sentido en la SC 0038/2000 de 20 de junio, ha señalado lo siguiente: “…la Constitución como Ley Fundamental del país, es la única que puede establecer y reconocer fueros o privilegios que constituyen en sí mismos una excepción al principio de igualdad consagrado en el art. 6° de la Carta Fundamental; en ese entendido, es que tanto las anteriores Constituciones como la actual, han instituido el Caso de Corte para el juzgamiento de determinados funcionarios públicos, en razón a su jerarquía, los cuales han estado siempre expresamente mencionados en su texto, como sucede con los arts. 66 y 118-5) y 6) de la Constitución vigente” (El resaltado nos corresponde).

En ese sentido aclarando los alcances de la inmunidad parlamentaria señaló en la SC 0770/2000-R de 15 de agosto: “Que, desde el punto de vista procesal, resulta pertinente en el presente caso, determinar los alcances de la inmunidad parlamentaria, a los efectos de establecer si este Tribunal es competente para conocer el Recurso. Sobre el particular se tiene:

1. Que el art. 52 de la Constitución dispone que ‘ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado, perseguido o arrestado en ninguna materia, si la Cámara a la que pertenece no da licencia por dos tercios de votos’.

2. Que la regla general de inmunidad antes señalada tiene su excepción en los límites que impone la misma Constitución a través de su art. 34 que expresa que ‘Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria’ (El resaltado nos corresponde).

En ese mismo sentido, la DCP 0063/2014 de 14 de noviembre, ha establecido que: “ (…) b) Del texto sujeto a análisis se puede identificar que la inviolabilidad estipulada no se circunscribe a la descrita en el art. 151 de la CPE, porque en la última frase señala que no podrán ser procesados penalmente, como una forma de exoneración anticipada de cualquier acto de manera general que pudieran realizar, no precisamente en el ejercicio de sus funciones, que es el verdadero sentido del art.151 de la CPE; y, c) (…)” (Las negrillas son nuestras).

Por otra, existe jurisprudencia ordinaria, que a través de la Corte Suprema de Justicia –ahora Tribunal Supremo de Justiciase ha pronunciado en relación a los alcances de la inviolabilidad y la inmunidad señalando entre otros, en el Auto Supremo 253 de 12 de septiembre de 2007 lo siguiente: “Que el sentido propio de la inviolabilidad parlamentaria, prevista por el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, a la que hizo referencia el mencionado Diputado, es el de protección a parlamentarios respecto a posibles acciones que podrían ser interpuestas por opiniones emitidas en ejercicio de sus funciones y no para evitar la sustanciación de procesos por la comisión de delitos pues, en efecto, expresiones de esa naturaleza son las reconocidas como «derecho de fiscalización» y sólo comprenden opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, denuncias propuestas e informaciones.

(…) Que, el artículo 52 de la Constitución Política del Estado dispone que ‘ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia por dos tercios de votos de sus miembros a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante’. De igual manera dentro de este marco Constitucional el artículo 13 de la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, establece idéntica prerrogativa para los asambleístas constituyentes.

Que, si bien es evidente que el artículo 51 constitucional confiere a los representantes nacionales inviolabilidad parlamentaria protegiéndolos por las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones, ello no significa que dicho privilegio, pueda ser invocado para evitar la sustanciación de procesos por la comisión de delitos de acción pública como ocurre en el caso de autos, considerándose asimismo, que los delitos cuya comisión se les imputa, no consisten en una opinión emitida en ejercicio de su mandato”. (El resaltado nos corresponde).

En ese mismo sentido, el Auto Supremo As 030/2010 de 12 de enero, pronunciado por Sala Plena, respecto dicha diferencia estableció: “Que a efecto de la consideración de la solicitud que precede, es necesario aplicar la Constitución Política del Estado de 1967 y sus modificaciones, por cuanto el denunciado fue elegido representante nacional en vigencia de esa norma constitucional, cuyo artículo 52 establece: ‘Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia por dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante’.

Asimismo el artículo 51 de la citada norma Constitucional complementando dispone: ‘Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones’. Al respecto, siendo el principal propósito de esta disposición la protección de los parlamentarios frente a las acciones que puedan ser iniciadas en su contra por las opiniones que emiten en el ejercicio de sus funciones y no para evitar la sustanciación de procesos por la comisión de delitos.

Que, la ‘inviolabilidad parlamentaria’ debe ser entendida como la facultad de un representante nacional para emitir opiniones y juicios de valor en relación a las tareas que en esa condición ejerce, conforme a las atribuciones otorgadas en la propia Constitución Política del Estado y el Reglamento de la Cámara de Senadores, traducido en el ‘Derecho de Fiscalización’ del que goza en virtud a su mandato constitucional, siendo una prerrogativa constitucional la inviolabilidad personal en todo tiempo y lugar durante su mandato, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, fiscalización, información o gestión que formule o realice en el desempeño de sus funciones, como establece el artículo 70 de la anterior Constitución Política del Estado y sus modificaciones y el artículo 18 del mismo Reglamento aprobado por Resolución del Honorable Senado Nacional N° 025/98-99 de 19 de octubre de 1998.

Que sin embargo, dicha inviolabilidad no puede ser traducida en impunidad que implique el ejercicio de actividades ilícitas y/o sirva para protección de los actos que afecten los derechos de los demás dentro de la convivencia pacífica en un Estado de Derecho, pues la prerrogativa de la inviolabilidad ha sido concebida en consideración de la persona, sino en consideración a la función parlamentaria que se ejerce” (El resaltado es nuestro).

En esa misma línea el Auto Supremo de Sala Plena 003/2007 de 10 de enero, señaló: “Que, a efecto de resolver el Requerimiento del representante del Ministerio Público, el máximo Tribunal de Justicia, considera necesario efectuar las siguientes consideraciones de orden legal:
(…)

4.- Que si bien en delitos de acción privada no interviene el Ministerio Público, este tribunal entiende que en estos casos excepcionales, la prohibición del artículo 52 de la Constitución Política del Estado al no ser específica únicamente para los delitos de acción pública, es genérica y rige también para los de acción privada, siendo requisito indispensable para la apertura del proceso, en una o ambas clases de delitos, únicamente la autorización requerida por el Ministerio Público y concedida por la Corte Suprema” (Las negrillas son nuestras).

En similar sentido se pronunciaron, el Auto Supremo 618 de 12 de diciembre de 2008, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera de la entonces Corte Suprema de Justicia, que señaló: “1.- El art. 52 de la Constitución Política del Estado vigente al momento de la interposición de la acción coactiva, aplicable al presente caso, disponía que: ‘Ningún Senador o Diputado, desde el día de su elección hasta la finalización del mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado, perseguido o arrestado en ninguna materia, si la Cámara a la que pertenece no da licencia por dos tercios de votos (…)’.

La inmunidad que prevé la indicada norma tiende a proteger al representante contra las acusaciones que puedan llevarse a cabo en su contra por hechos distintos a la función que desempeña, es decir la naturaleza de esta protección tiene la finalidad de evitar que el elegido puede ser objeto de intimidaciones que pueda ocasionar un descuido en el cabal cumplimiento de sus deberes; empero esta inviolabilidad parlamentaria se reduce al periodo de la función del legislador, es decir, es temporal, porque terminado el periodo, la protección ya no le cubre y queda allanado el camino para proceder contra él. En suma y para mayor abundamiento se deja esclarecido que finalizada la legislatura del parlamentario, cesan inmediatamente las prerrogativas, ya que terminó su mandato cuya existencia es la única razón por la cual son concedidas, de ahí que la inmunidad no es un privilegio personal, sino que hace al cargo, es funcional” (Las negrillas son nuestras).

En similar sentido el AS 139/2007 de 9 de abril, pronunciado por Sala Plena, señaló que: “CONSIDERANDO: Que, a efecto de resolver el Requerimiento del Fiscal General de la República, debe considerarse el alcance del artículo 52 de la Constitución Política del Estado que dispone: ‘Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado y procesado en materia penal ni privado de su libertad, sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia por dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante’.

Que, por otra parte, reviste igual importancia la consideración del texto del artículo 51 Constitucional que prescribe: «Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por las opiniones que emitan en ejercicio de sus funciones», norma cuyo principal propósito consiste en la protección de los H. Parlamentarios de acciones que pueden ser iniciadas en su contra por las opiniones que emiten en ejercicio de sus funciones y no para evitar la sustanciación de procesos por la comisión de delitos. (…).

Que, la ‘inviolabilidad’ debe ser entendida como la facultad de un representante nacional para emitir opiniones que se encuentren relacionadas con la función propia del cargo que ejercen, conforme a las atribuciones otorgadas en la Ley Especial de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Pretender ampararse en la prerrogativa de la inviolabilidad para soslayar la responsabilidad de actos que no sean propios de la labor de Constituyente y que afecten los derechos de los demás; no permitida dentro de un Estado Democrático y de Derecho. (…)

Consiguientemente, del análisis precedente se concluye, que la ‘inmunidad’ no puede ser invocada para obstaculizar el curso de una investigación efectuada dentro del marco de la Ley Nº 1970” (Las negrillas son nuestras).

Asimismo, al constituir la inmunidad una especie de fuero, en el caso Barreto Leiva Vs Venezuela, se ha señalado que: “74. (…) El fuero ha sido establecido para proteger la integridad de la función estatal que compete a las personas a las que alcanza esta forma de inmunidad y evitar, asi, que se altere el normal desarrollo de la función pública. No constituye un derecho personal de los funcionarios. Sirve al interés público. Entendido en esos términos, el fuero persigue un fin compatible con la Convención”

Consiguientemente es posible concluir que cuando hablamos de inviolabilidad no estamos refiriendo a aquella garantía que permite al legislador la libre actuación dentro de sus facultades a objeto de una eficaz funcionalidad de la institución parlamentaria; diferente a la inmunidad, cuyo objeto es aquella garantía que establece el cumplimiento de determinados presupuestos y requisitos jurídicos a objeto de efectivizar la acción procesal contra un parlamentario por cuestiones ajenas a su función parlamentaria.

Diferenciadas ambas figuras jurídicas que hacen a la garantía del ejercicio parlamentario, se tiene que a diferencia de lo previsto por las Constituciones y Reformas Constitucionales anteriores a la actual Ley Fundamental, descritas en el presente Fundamento Jurídico, a partir de la Constitución Política del Estado de 2009, se tiene que si bien se mantiene la figura de la inviolabilidad, al señalar el texto constitucional en el art. 151 que: “I. Las asambleístas y los asambleístas gozarán de  inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente. II. El domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia. Esta previsión se aplicará a los vehículos de su uso particular u oficial y a las oficinas de uso legislativo”; sin embargo, a diferencia de las anteriores Constituciones, la actual Ley Fundamental, respecto a la figura de la inmunidad, en su art. 152 dispone su eliminación, al señalar expresamente: “Art. 152. Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante”; precepto constitucional que de manera explícita excluye la garantía parlamentaria de la inmunidad del contexto jurídico boliviano; y, si bien, en la parte in fine del referido artículo prevé que los Asambleístas y las Asambleístas, no serán pasibles
de detención preventiva salvo la comisión de delito flagrante, sin embargo, corresponde establecer la correcta aplicación de dicha imposibilidad y exclusión.

En ese sentido, del texto in fine del referido artículo 152 de la CPE, se tiene que el mismo establece la imposibilidad de aplicación de una medida cautelar, salvo el caso de delito flagrante; exclusión que debe ser interpretada conforme a la interpretación constitucional o hermenéutica jurídica, conocida también como o exegesis jurídica; es decir, la averiguación del verdadero sentido y alcance de la referida norma constitucional, la cual puede dar lugar a distintas interpretaciones; en ese sentido, dado que existe una pluralidad de intérpretes de la Constitución Política del Estado, es la interpretación que realiza el órgano legitimado para el efecto la que determina la forma en la que la misma debe ser entendida y aplicada, en el marco del principio de supremacía constitucional y el ejercicio del control de constitucionalidad; correspondiendo entonces al Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián e intérprete de la Ley Fundamental, conforme prevé el art. 4.III de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), siendo las resoluciones de éste Tribunal vinculantes y de cumplimiento obligatorio conforme prevé el art. 203 de la Ley Fundamental.

Es así que si bien existen distintos métodos interpretativos, el texto constitucional, respecto a la interpretación de la Norma Suprema, prevé en su art. 196.II., los criterios preferentes de interpretación, señalando que: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto” (Las negrillas nos corresponden).

Al respecto del referido precepto constitucional, la jurisprudencia constitucional en la SCP 0850/2013 de 17 de junio, señaló que: “Ahora bien, respecto al art. 196. II de la CPE, contiene un contiene un mandato expreso no excluyente para que el Tribunal Constitucional Plurinacional apele a la voluntad constituyente, al texto literal y posteriormente a otros métodos interpretativos, puesto que si bien el Constituyente ha establecido dos métodos expresos de interpretación en dicha norma constitucional, no ha determinado prohibición alguna a la utilización de otros métodos.

Así, el Constituyente en el mencionado artículo, determinó que el intérprete constitucional busque en primera instancia ‘…la voluntad del constituyente…’ afirmación que en inicio parece concluir que el constituyente busca la interpretación originalista pero a la vez también es verdad que esa voluntad debe enmarcarse en una valoración finalista de la propia Constitución, no otra consecuencia puede tener la inclusión en el texto constitucional de normas específicas que proclaman los fines, principios y valores (arts. 8 y ss)”. (El resaltado nos corresponde).

Consiguientemente, del referido texto constitucional y la jurisprudencia descrita, se tiene que, si bien no se excluyen otros métodos interpretativos que los señalados en el señalado precepto constitucional; sin embargo, por mandato de la misma Constitución Política del Estado, se debe dar preferencia a la voluntad de constituyente, misma que se encuentra reflejada en los documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente, asimismo, también se debe otorgar preferencia al tenor literal del texto constitucional.

En ese contexto, en relación al contenido del artículo 152 de la CPE, el mismo contiene el siguiente texto: “Art. 152. Las asambleístas y los asambleístas no gozarán de inmunidad. Durante su mandato, en los procesos penales, no se les aplicará la medida cautelar de la detención preventiva, salvo delito flagrante” (El resaltado nos corresponde); en ese sentido con el fin de cumplir el mandato constitucional referido a la aplicación de los criterios de interpretación del Texto Constitucional y con el fin de establecer los alcances del referido precepto constitucional con base en la voluntad del constituyente, en relación al referido artículo, corresponde remitirse a los documentos, actas y resoluciones de la Asamblea Constituyente, cuya Comisión, encargada del Órgano Legislativo, en relación al mismo, en su Informe Final Rectificado y Complementado de Mayoría, en su parte de “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” en su acápite referido a las prerrogativas de inviolabilidad e inmunidad consigna la siguiente redacción:

“PRERROGATIVAS INVIOLAVILIDAD E INMUNIDAD (…)

En segundo lugar, de acuerdo a la experiencia, siendo que la inmunidad es la protección constitucional que consiste en la imposibilidad de iniciar o promover procesos judiciales (en materia penal de acuerdo a nuestra Constitución), varios parlamentarios han utilizado esta prerrogativa, para soslayar la responsabilidad penal por delitos cometidos. Razón por la que la inmunidad en la actualidad es vista como equivalente de impunidad. (…). Por tanto se hace necesario establecer, para elevar la credibilidad de una institución importante como el Órgano Legislativo el que los legisladores, que deben tener la suficiencia moral, sean responsables en materia penal inclusive, sin embargo, considerando que esa liberación puede permitir el comienzo de procesos infundados, debe incorporarse el imposibilidad de aplicación, la medida cautelar de la detención preventiva, que le permitirá seguir desarrollando sus labores pero a su vez responder a la justicia por todos los actos ilegales cometidos” (Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Pág. 35 de expediente).

En ese sentido, se constata que la voluntad del constituyente, en relación a la inmunidad parlamentaria; si bien, estableció que las y los Asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional dejaban de gozar de inmunidad y eran responsables de hechos en materia penal; sin embargo, se mantuvo como salvaguarda, a fin de mantener la posibilidad de seguir desarrollando sus actividades parlamentarias, la imposibilidad de que se les aplique la medida cautelar de detención preventiva salvo el caso de delito flagrante; vale decir, que el constituyente originario consideró que si bien podían ser procesados penalmente, no se les podía aplicar la detención preventiva excepto para el caso de delito flagrante.

Sin embargo, respecto a la señalada imposibilidad y los alcances de la misma, también debe tomarse en cuenta, que la Comisión 5, encargada del Órgano Legislativo, en relación a los Asambleístas suplentes, en su Informe Final Rectificado y Complementado de Mayoría, en su parte de “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” en su acápite referido a la suplencia consigna la siguiente redacción:

“SUPLENCIA(…)

En este momento histórico, considerando que nuestra población carece de un sinnúmero de necesidades insatisfechas y concordante con el criterio generalizado, se debe eliminar parlamentarios suplentes que signifiquen que signifiquen un gasto económico mientras el titular esta en funciones.

Pero, se hace necesario prever contingencias que pueden generar la suspensión o pérdida de mandato del titular, que derivaría en que una determinada población se quede sin representación en el órgano legislativo. Pero, esos potenciales parlamentarios, deben esperar la contingencia que impida al titular ejercer por un tiempo considerable el mandato o que definitivamente pierda el mandato, mientras tanto, no percibe ninguna remuneración ni se inviste de prerrogativa alguna y puede desarrollar actividades como cualquier ciudadano” (las negrillas y el subrayado nos corresponden) [Enciclopedia Histórica Documental del Proceso Constituyente Boliviano, Págs. 31 y 32 de expediente). En ese sentido, se constata que la voluntad del constituyente, con relación a la aplicación de las prerrogativas de inviolabilidad e imposibilidad de aplicación de medida cautelar de detención preventiva, restringe las mismas a los Asambleístas titulares y no así para los suplentes, señalando de manera expresa que los mismos no se encuentran investidos de prerrogativa alguna.