Auto Supremo: 450/2013 Sucre: 30 de agosto 2013

Respecto a que el Ad quem al confirmar la Sentencia de primera instancia, incurrió en violación, interpretación errónea, aplicación indebida de la ley y en disposiciones contradictorias, debido a que confirmó la Sentencia apelada, cuando el A-quo efectuó errónea aplicación de los arts. 945, 946, 510, 511, 513, 514, 519, 521, 291 y 1465 del Código Civil, concernientes a la transacción, cuando la confunde con la conciliación, al señalar que el “acta de compromiso de conciliación”, tiene fuerza de ley por constituir una “transacción”, cuando nunca existió conciliación, sino, un compromiso para conciliar suscrito entre la empresa demandante y COMIBOL, autoridad judicial que tampoco dio cumplimiento a sus propio argumentos respecto a que, para conciliar se tiene que tener facultad para ello y que los representantes de COMIBOL no la tenían, al respecto aluden a los Decretos Supremos No. 3196 de 02 de octubre de 1952, elevado a Ley de la República mediante Ley de 29 de octubre de 1956, 21377 de 25 de agosto de 1986, 23727 de 11 de febrero de 1994 y 27192 de 30 de septiembre de 2003, así como a lo establecido por el art. 180 del Código de Procedimiento Civil, que prohíbe la conciliación cuando es parte el Estado; al respecto y de la revisión de actuados, en principio se hace imprescindible realizar un análisis de donde emerge la pretensión de la parte actora; es así, que en fecha 20 de septiembre de 1994, COMISO S.A. y COMIBOL firman un contrato de arrendamiento de parajes de la mina de la Empresa Minera Unificada para explotación y comercialización dentro de la cual se encuentra incluida parte de la infraestructura minera y servicios auxiliares; luego COMIBOL por nota de fecha 04 de julio de 2001, hace conocer la resolución del contrato de arrendamiento a COMISO S.A., resolución que no fue objetada por la empresa arrendataria, lo que motivó la suscripción del documento de 12 de octubre de 2001, bajo la denominación de “acta de compromiso de conciliación”, el cual en su cláusula tercera se señaló lo siguiente:“ TERCERA.- (De las partes).- COMIBOL y COMISO declaran expresamente que no tienen controversia, divergencia, reclamación o duda sobre la resolución del contrato de arrendamiento…”; es decir que no existe reclamo alguno sobre la resolución del contrato de arrendamiento, y a efectos de dar viabilidad a la resolución en el mismo documento en su cláusula cuarta se establece: “CUARTA.- (conciliación).- Como resultado de las operaciones y compromisos adquiridos por las partes, declaramos expresamente que entre ambos existen puntos pendientes por conciliar sobre diferencias en los activos o deterioros ocasionados a estos y/o a la infraestructura, material del contrato principal, cuyo monto se determinará luego de la conciliación, estableciéndose para tal fin el plazo máximo de 30 días hábiles a partir de la suscripción del día lunes 15 de octubre, acordándose conformar al efecto las siguientes comisiones designadas por ambas partes, que trabajaran paralelamente………” (sic.).

Ahora bien, este documento de compromiso de conciliación debe ser considerado e interpretado bajo los parámetros del art. 510 del Código Civil, mismo que prevé: “La intención común de los contratantes.- I.- En la interpretación de los contratos debe averiguarse cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II.- En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato”.

En ese mismo sentido el tratadista Guillermo Borda en su libro Manual de contratos, respecto a la interpretación de los contratos dice: “por declaración de voluntad no debe entenderse tan sólo la expresión verbal o escrita, sino también el proceder, actos o signos y aun el silencio, en ciertos casos; en una palabra, la conducta externa que permite inferir a la otra parte la existencia de una voluntad de obligarse”, de ahí que el documento de 12 de octubre de 2001, tiene la calidad de una convención a través de la cual se ordenó la forma en que las partes procederían como consecuencia de la resolución del contrato de arrendamiento y como tal, conforme al art. 519 del Código Civil, vinculó a las partes a su cumplimiento, siendo intrascendente que dicha convención sea calificada por los tribunales de instancias como transacción o por la parte recurrente como compromiso de conciliación, porque en esencia lo que supone es la existencia de un acuerdo de voluntades”.