AUTO SUPREMO No 020/2013 │ Sucre, 05 de Febrero de 2013

Si bien el artículo 61 de la Ley 1760, de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar dispone que la asistencia familiar debe ser tramitada ante el Juez Instructor de Familia, en el caso de Autos nos encontramos frente a una demanda de Declaración Judicial de Paternidad, que se constituye en la demanda principal, la misma se tramita ante el Juez de Partido de Familia; ahora bien, como se tiene de obrados, la paternidad del recurrente respecto de la menor, ha quedado debidamente demostrada y en consecuencia, probada la demanda interpuesta, procediendo como consecuencia de la misma, la asistencia familiar a favor de la menor, si bien de la lectura estrictamente literal del artículo 61 de la Ley 1760 se tiene que la demanda de asistencia familiar debe presentarse ante el Juez Instructor de Familia, este Tribunal considera que no existe óbice alguno para que la misma resulte procedente en el presente caso, toda vez que la demanda de declaración de paternidad se constituye en la demanda principal y la asistencia familiar, el presupuesto accesorio, con el cual guarda estrecha conexitud en razón de materia toda vez que el Juez de Partido de Familia, es Autoridad jurisdiccional especializada y competente para conocer asuntos del derecho de familia, de manera similar a lo que acontece en los procesos de divorcio y de ruptura unilateral en los cuales la asistencia familiar se tramita accesoriamente y de manera paralela al proceso principalmente por tratarse de un instituto estrechamente ligado a los referidos institutos jurídicos.

Asimismo, la Constitución Política del Estado Plurinacional en su artículo 180 parágrafo I, regula los principios procesales de celeridad, eficiencia, eficacia, e inmediatez, cuya aplicabilidad pretende la implementación de un sistema de justicia rápido, oportuno y transparente ajeno a las prácticas ritualistas de otrora que no han hecho sino establecer un sistema moroso en perjuicio y detrimento de los litigantes, en ese entendido a criterio de este Tribunal remitir la petición de asistencia familiar al Juez Instructor en casos en los que la misma es accesoria a un trámite familiar principal, nos parece una verdadera pérdida de tiempo y gasto dispendioso, no solo para las partes, sino para el sistema de administración de justicia, amén de la situación de la o el menor beneficiario cuyos derechos continuarían siendo conculcados a raíz del exacerbado e injustificado legalismo que puede ser sorteado con la aplicación de los principios constitucionales señalados precedentemente, así como el principio de concentración y de economía procesal, con la aclaración de que cuando la pretensión única es el de la asistencia familiar, la competencia corresponde al Juez instructor de familia, pero cuando la pretensión es accesoria a la principal como ser un caso de divorcio, ruptura unilateral o reconocimiento judicial de paternidad, la competencia de la pretensión accesoria corresponde al Juez que conozca la demanda principal.

Asimismo, nos referiremos a los derechos y garantías de los Niños, Niñas y Adolescentes, regulados en la norma suprema que en sus artículos 58 al 61 regula los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y en esa misma línea tanto el Código de Familia como el Código Niño Niña y Adolescente que en su artículo 5, señala que: «Los niños y niñas o adolescentes, como sujetos de derecho gozan de todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales inherentes a toda persona, sin perjuicio de la protección integral que instituye este código», disponiendo en su artículo 3: » Las disposiciones del presente código son de orden público y de aplicación preferente.

Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio boliviano, sin ninguna forma de discriminación» así como la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente y los múltiples tratados internacionales de cuyas normas se infiere que los padres y madres se encuentran obligados a proveer a sus descendientes sin distinción de origen la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones así como a su desarrollo integral, identidad y filiación (Artículos 58 y 59 de la Constitución Política del Estado Plurinacional), constituyéndose la asistencia familiar, no solo en una obligación de orden legal sino en un deber natural al que por principio moral se encuentran reatados los progenitores respecto de sus hijos e hijas, por lo que resulta inconcebible que el recurrente, luego de haber negado no solo el apellido, sino toda protección material y moral por el lapso de más de 10 años a su hija, dejándola en el más completo olvido, pretenda soslayar por cualquier medio el cumplimiento de la asistencia familiar para la menor, pues no se puede permitir que una menor crezca y se desarrolle en situación de necesidad y carencia, cuando tiene un padre profesional y con posibilidades para solventar los gastos de su manutención, sin que esto signifique como pretexta el recurrente que el cumplimiento de esta obligación vaya en detrimento de los deberes que tiene el obligado con sus otros hijos, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 173 del Código de Familia que establece el principio de igualdad de los hijos: «Todos los hijos sin distinción de su origen, tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres».

De lo expuesto de manera precedente, se concluye que no existe agravio alguno al respecto bajo el advertido de que la asistencia familiar, no sólo comprende los alimentos, sino todos los gastos necesarios e indispensables para la subsistencia digna de una persona. Al respecto el Dr. Hugo Sandoval Saavedra, en su libro, Código Civil Boliviano, señala: «La obligación de alimentos no tiende a procurar al acreedor únicamente alimentos, es decir la comida propiamente dicha sino todo lo que necesita para la vida- o para la muerte – los vestidos, la habitación, los cuidados médicos o quirúrgicos, los cuidados de hospitalización y hasta una inhumación decente».

Por las razones expuestas, y toda vez que los agravios acusados al Tribunal de Alzada tanto en el recurso de casación en el fondo como en el de forma, no tienen fundamento alguno y resultan inexistentes, corresponde a este Tribunal, fallar de acuerdo a lo previsto por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.