Materia penal

La presentación voluntaria del rebelde, deja sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía y, por ende, el mandamiento de aprehensión dispuesto contra el procesado, debido a que la finalidad, cuál era su comparecencia en el proceso penal, fue cumplida; lo contrario, esto es, mantener la orden de aprehensión, implica persecución indebida, debido a que se deja latente una orden de restricción a la libertad sin causa justificada”,

La acción de libertad, debe dirigirse contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida y ocasionó la presunta lesión del derecho a la libertad, locomoción, e incluso haya incidido sobre la vida del agraviado.

Corresponde al juez o tribunal la determinación de que si el garante se encuentra en condiciones o no de cumplir con una eventual obligación económica.

En materia penal, tradicionalmente se han conocido tres sistemas de valoración probatoria: i) El sistema de la prueba legal; en el cual, la eficacia de convicción de cada prueba está prefijada por la ley procesal; ii) Íntima convicción, donde el juez es libre de convencerse según su íntimo parecer, valorando las pruebas de acuerdo a su leal saber y entender, sin la obligación de fundamentar sus decisiones; y, iii) La libre convicción o sana crítica racional,

La Corte Europea de Derechos Humanos hace referencia a sospechas razonables, fundadas en hechos o información capaces de persuadir a un observador objetivo, que el encausado pudo haber cometido una infracción. La Corte IDH, determinó que tal sospecha: `…tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstracta.

Es necesario que exista dolo directo y no eventual, el imputado debe tener conocimiento de que los bienes ocultados están sujetos al cumplimiento de obligaciones y que su conducta es idónea para causar el perjuicio al acreedor.

No es posible condenar a una persona mediante el PROCEDIMIENTO ABREVIADO, tan solo por presumir su culpabilidad jure et de jure por infringir una cuarentena; sin que el juez proceda a admitir prueba en contraria (pericias médicas) previamente colectada por el Ministerio Público; actividad jurisdiccional que vulnera todo precepto constitucional de presunción de inocencia entre otras al imponer una condena sin pruebas

La solicitud de garantías personales o garantías mutuas por parte del imputado, como medida destinada a desvirtuar el peligro de fuga previsto en el art. 234.10 del CPP, se constituye en una medida revictimizadora, que desnaturaliza la protección que el Estado debe brindar a las víctimas; pues, en todo caso, es ella y no el imputado, la que tiene el derecho, en el marco del art. 35 de la Ley 348, de exigir las medidas de protección que garanticen sus derechos.

La presentación de memoriales que tengan plazo perentorio puede efectuarse fuera del horario habitual ante el Secretario del Juzgado o Tribunal que conoce la causa, en ausencia del servicio del buzón judicial establecido en el art. 110 de la LOJ.

En esas decisiones se tendrán debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las normas internacionales de derechos humanos