Inaplicabilidad de la subsidiaridad excepcional de la acción de libertad en...

Por cuanto en correspondencia con el régimen especial de protección y atención que el Estado y la sociedad deben garantizar a todo niño, niña y adolescente, éstos se hallan bajo la protección y regulación de las disposiciones del Código Niño, Niña y Adolescencia

Derecho a la defensa en el proceso penal

La defensa técnica y la defensa material, se encuentran estrechamente relacionadas, puesto que para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal, pues nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado, razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente

El debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia...

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia

El mandamiento de detención domiciliaria corresponde su ejecución a la Secretaria...

La acción de libertad, debe dirigirse contra la autoridad que cometió el acto ilegal u omisión indebida y ocasionó la presunta lesión del derecho a la libertad, locomoción, e incluso haya incidido sobre la vida del agraviado.

Excepción al principio de subsidiariedad ante la posible existencia de...

La subsidiariedad se configura como un principio rector de la acción de amparo constitucional, que implica el agotamiento de todos los mecanismos intra procesales de protección previamente a su activación, existen situaciones en las que, de persistir las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción o afectación de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección inmediata e impostergable por parte del Estado, a través de esta acción de defensa, sea que la decisión asumida  posea carácter definitivo y directo o que se adopte como un mecanismo transitorio de protección.

Fallo judicial establece queno puede haber elecciones si no baja la...

El exfiscal Pedro Gareca y un grupo de abogados demandaron la protección del derecho humano a la salud pública de todos los bolivianos.

El principio de verdad material

La jurisdicción ordinaria se fundamenta, entre otros, en el principio procesal de verdad material, que abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron

La presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del...

El silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso

La protección directa e inmediata de los derechos del inquilino frente...

Cabe resaltar que la concesión de la tutela solicitada en el presente caso tiene alcance provisional, considerando que la finalidad de la acción de amparo constitucional, no es definir derechos, sino resguardar aquellos derechos fundamentales y garantías constitucionales que fueren vulnerados por actos u omisiones de servidores públicos o personas particulares, estableciendo que excepcionalmente es posible una concesión a requisito de que se demuestre la necesidad de la tutela inmediata para evitar un daño irreparable o irremediable.

El derecho a la educación en la Constitución Política del Estado

El derecho a la educación es un derecho in crecendo en su ejercicio, en la medida en que se accede a una mayor extensión formativa en los distintos niveles del proceso de aprendizaje y formación, para lograr una digna subsistencia, mejorando el nivel de vida y siendo útil a la sociedad, fines éstos encaminados al “vivir bien”.